Anàlisi electoral

Jaime Miquel és analista electoral i nét del que fou alcalde d'Ontinyent Jaime Miquel Lluch. La seua lucidesa a l'hora de valorar les diferents opcions polítiques està fora de tot dubte.

 

¿Responde a un plan, o es producto de la incompetencia?

  

Jaime Miquel

25 de agosto de 2014 

Quizá ahora se entienda con más claridad lo que venimos explicando desde julio del 2012, y es que el sistema electoral general está fragmentado y sustentado por tres de cada diez personas, especialmente mayores o representativas del pasado. Dicho de otra forma, ya no existen posiciones hegemónicas de nadie en el territorio. Si el PP obtuvo el 37, 5 % de los votos válidos y el PSOE el 27,8 % en las elecciones municipales del año 2011, en las del año que viene se les espera hacia el 30 % y el 20 % respectivamente. Si esto es así, ¿cómo es posible que plantee el PP un corte en el 40 % de los válidos para fijar alcalde? Porque no lo han estudiado, lo han estudiado mal, o porque un corte inferior plantearía dificultades que no advertimos a bote pronto y no vamos a investigar.

Con independencia de la motivación de esta reforma, de lo que hablaremos luego, la única manera de valorar este tipo de propuestas es calculando los resultados que produce. Todo lo demás son conjeturas. La cuestión es que los resultados de las elecciones municipales del año 2011 no son la base sobre la que hay que hacer los cálculos, porque esa situación corresponde al ciclo hegemónico del PP, que finalizó en julio del 2012. La situación actual es otra, pluripartidista y de mayor fragmentación que la constituyente (1977-1979). Es necesario, por lo tanto, disponer de estimaciones actualizadas de la intención de voto para saber de qué estamos hablando exactamente, y es imprescindible conocer todos los detalles de la propuesta, lo que no es el caso.

Disponemos de las estimaciones de la intención de voto permanentemente actualizadas, lo que nos ha permitido calcular determinado supuesto de modificación de la ley, en uno de los ámbitos hegemónicos del PP, que es la Comunidad de Madrid, cuyos resultados municipales estimados son: PP, 32 %; PSOE, 19 %; Podemos, 16 %; UPyD, 11 %; IU, 6 %; Ciudadanos, 5 %; VOX, 4 % y otras candidaturas o voto en blanco, 11 %.

El supuesto que hemos calculado es el que asigna la mitad mas uno de los concejales a las listas más votadas que alcancen el 40 % de los votos válidos, y en caso de que ninguna lo haga, pasen a una segunda vuelta las que hayan obtenido el 15 %; porque entendemos que ahí se encontrarán el PP y el PSOE mejor que en una segunda vuelta entre los dos más votados, si es que de verdad están haciendo las cosas con números.

En concreto, hemos calculado este supuesto de ley en los 24 municipios de 30.000 o más electores de la Comunidad de Madrid, que reparten 620 concejales y suman 4 millones de electores, representando el 88 % del censo de esta comunidad. El PP solo alcanza el 40 % de los votos válidos en dos municipios, que son Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón. ¿Lo saben? Imaginamos que sí, luego el objetivo de la reforma debe ser eliminar a terceras opciones mediante el filtro del 15 %, o de un modo más contundente, disputando una segunda vuelta las dos listas más votadas. En concreto, en la Comunidad de Madrid, IU solo pasaría a la segunda vuelta en Rivas Vaciamadrid, y UPyD en Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, y no entrarían en contienda Ciudadanos ni VOX, aunque los primeros alcancen el 7 % en Las Rozas y los segundos el 9 % en Alcobendas.

Lo que suponemos que sabe el PSOE, es que ellos tampoco pasan el corte en Tres Cantos, Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Rivas, Las Rozas, Colmenar Viejo, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, que suman 10 de los 24 municipios que estamos estudiando. Sin embargo, esto es mejor para los socialistas que los dos primeros. Entonces tampoco pasarían en Pinto ni en San Sebastián de los Reyes.

Dicho de otra forma, lo que se plantea el PP es eliminar a terceros, para mayor concentración de la representación, sobre todo en candidaturas que hayan conseguido ser las más votadas, y esto es lo que abre el gran debate.

Lo primero es por qué ahora. Porque los resultados de las elecciones europeas han formalizado la fragmentación del sistema de representación, y es lo que se ve, pero han reducido drásticamente las expectativas electorales del PP y del PSOE en términos absolutos o en número de votos. Por lo tanto, las listas más votadas serán, en todo caso, listas muy poco votadas o muy al alcance de las sumas de terceros.

¿A quién beneficia?

Lo segundo es si lo han pensado bien o saben lo que significa, porque viene a representar la retirada del bipartidismo de Cataluña, el País Vasco y el norte de Navarra, las Castillas para el PP y Andalucía para el PSOE. Si esto responde a un plan, es aún secreto, aunque más bien parece incompetencia; no han calculado los costes cuantitativos y cualitativos, o los han calculado con información errónea. No le recomendaríamos al PP modificar esta ley en las circunstancias actuales.

Lo tercero es qué situación de facto plantea. Esos alcaldes fijos que hemos visto en el ejemplo madrileño, estarían respaldados en la calle por casi dos de cada diez vecinos, clara minoría social, por lo que están obligados a buscar acuerdos con terceros. Sucesos similares a los de Gamonal en Burgos, son la contrapartida a estos alcaldes fijos si no consiguen salir de la minoría social de la que parten y esto, tal y como están las cosas, es mucho más que peligroso.

Lo cuarto es a quién beneficia todo esto, tema de otro artículo. En el sistema general, la simplificación que propone el PP elimina a IU y UPyD, y le niega la entrada a Ciudadanos y Vox, luego en el medio plazo beneficia a Podemos, porque pasa el corte del 15 % en 19 de los 24 municipios de la Comunidad de Madrid de 30.000 o más electores que vimos antes, y es la segunda fuerza política en diez. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta de si responde a un plan o es incompetencia.

Lo quinto y último nos enseñará algo. Si el PP decide sostenella y no enmendalla en contra de todos, no hay plan que valga, porque estarán haciendo caso omiso a las peticiones de profundo cambio en la mentalidad y actitudes, y se demostraría que, como en la URSS de finales de los ochenta, el problema son los burócratas.