El govern espanyol vol carregar-se els mitjans de comunicació que no li són fidels: La Sexta i El País.
PRISA TAMBIÉN ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA DEL EJECUTIVO
El Gobierno planea reducir canales para 'castigar' a Lara por la hostilidad de laSexta
El presidente del Grupo Planeta, Jose Manuel Lara (Efe).
Daniel Toledo
/
José Antonio Navas
08/02/2013
(06:00)
El affaire Bárcenas ha mostrado al Gobierno el daño que
pueden infligirle televisiones y diarios que consideraba neutralizados.
Y está dispuesto a utilizar tanto la fuerza del BOE como su capacidad
de convicción para que entren en razón. Por un lado y según aseguran
fuentes gubernamentales, el Ejecutivo se plantea a través del Ministerio
de Industria reducir canales en TDT, aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Supremo y en plena negociación del dividendo digital. Todo un puñetazo en la mesa con laSexta y su dueño, José Manuel Lara, en el punto de mira. Además, Moncloa confía en que los futuros accionistas del Grupo Prisa y El País –véase Telefónica, la Caixa y Santander- sean capaces de hacer entrar en razón a su presidente ejecutivo, Juan Luis Cebrián. La nueva hoja de ruta está en marcha.
La primera parte de la estrategia tiene un oportuno soporte legal. El Supremo declaraba nulo en noviembre un acuerdo del Gobierno Zapatero en que se concedía un múltiplex digital –cuatro canales- a los principales operadores del país. El Alto Tribunal entendía que el Ejecutivo se había saltado la ley audiovisual, que obligaba a que la asignación se hubiera hecho vía concurso. La sentencia, ante la que no cabe recurso y que obliga a las cadenas a devolver sus frecuencias extras, debe ser ejecutada de forma inminente. De hecho, Industria y las televisiones buscaban resquicios legales al alimón hace apenas días para evitar el colapso del modelo. El caso Bárcenas puede limitar ahora la predisposición del Gobierno para llegar a un acuerdo.
Todo ello sin contar con que la sentencia del Supremo tiene en suspenso la legislación sobre el dividendo digital, vía por la que el Gobierno ya sopesó en su día la posibilidad de reducir los canales que manejan los operadores de televisión al reestructurar el espectro digital. La gota que ha colmado la paciencia del Ejecutivo y le ha hecho reconsiderar esa opción es la manifiesta hostilidad de laSexta, cuya supervivencia garantizó el propio Ejecutivo a finales de agosto al permitir su integración en el Grupo Antena 3. El plácet del Consejo de Ministros permitió a Lara aumentar su potencia de fuego y competir de igual a igual con Telecinco. Muchos pesos pesados del PP entendieron que el visto bueno se había otorgado a cambio de que la cadena de los Wyoming, Ferreras o Évole dulcificara su crítica. Algo que está lejos de haber sucedido en plena crisis interna del PP.
Es más, laSexta no ha cambiado un ápice su línea editorial. “Nos dicen que hemos sido muy buenos, pero eso se ha acabado”, se aseguraba sin embargo esta misma semana en fuentes del propio Consejo de Ministros. Todo un aviso a navegantes y, sobre todo, un claro indicativo del nivel de enfado que reina en el cónclave. Y es que el Ejecutivo lo habría tenido muy fácil para frenar esa operación, que venía con todos los pronunciamientos negativos por parte de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Apenas medio año después, altos dirigentes del Partido Popular insisten en que no entienden los beneficios ni de esa decisión ni de la operación rescate del establishment nacional al Grupo Prisa.
Cerco a ‘El País’
Y es que el segundo frente abierto por parte del Gobierno afecta directamente a la editora de El País, que abría la semana pasada la caja de los truenos al publicar los presuntos papeles del extesorero del PP. Al punto que, según precisan las citadas fuentes gubernamentales, Vicepresidencia confía en que los nuevos accionistas de Prisa intercedan ante Cebrián. “Estamos recibiendo un ataque por parte de un medio que está quebrado”, se apuntaba esta misma semana sin ambages en fuentes del propio Consejo de Ministros. La cuestión no es baladí, en tanto que pone a los flamantes mecenas de Prisa en una situación delicada. No en vano, son entidades que dependen enormemente de la regulación y del BOE.
Es el caso de los bancos, sometidos además a la supervisión del Banco de España. Corría el mes de junio del pasado año cuando entidades como Santander o la Caixa daban un paso al frente para entrar en el accionariado de la editora de ‘El País’. La banca, después de años de refinanciaciones imposibles, cambiaba 334 millones de deuda por capital. Telefónica completaba la operación rescate de las grandes multinacionales españolas a la compañía fundada por Jesús Polanco al comprometerse a comprar 100 millones de euros en bonos. Cuando los acuerdos se hagan efectivos, allá por 2014, HSBC, Santander y la Caixa contarán con un 20% de Prisa y serán su principal accionista. Telefónica –que negocia la compra a Prisa de Digital+- tendrá un 7% de la matriz. La implicación de todos ellos no puede ser mayor.
La ofensiva en marcha rompe radicalmente con la inacción del Gobierno en materia de medios de comunicación. Fuentes del entorno de Mariano Rajoy siempre han dejado claro que el presidente siente como algo ajeno ese mundo y subrayan que nunca ha considerado ni remotamente forjar un grupo mediático afín al Gobierno. Esta postura le aleja de la aspiración que sí tuvieron en otro tiempo –e incluso pusieron en práctica- los González, Aznar o Zapatero. “Tiene vocación de inhibirse en estas cuestiones y mantiene una enorme distancia con los tradicionales gurús de la derecha”, exponen estas fuentes. No sucede lo mismo con otros miembros del Gabinete. De hecho, el cambio de tono que han experimentado en privado algunos miembros del Gobierno enlaza con lo que entienden como una “arremetida política” contra el propio Rajoy. La guerra ha comenzado.
La primera parte de la estrategia tiene un oportuno soporte legal. El Supremo declaraba nulo en noviembre un acuerdo del Gobierno Zapatero en que se concedía un múltiplex digital –cuatro canales- a los principales operadores del país. El Alto Tribunal entendía que el Ejecutivo se había saltado la ley audiovisual, que obligaba a que la asignación se hubiera hecho vía concurso. La sentencia, ante la que no cabe recurso y que obliga a las cadenas a devolver sus frecuencias extras, debe ser ejecutada de forma inminente. De hecho, Industria y las televisiones buscaban resquicios legales al alimón hace apenas días para evitar el colapso del modelo. El caso Bárcenas puede limitar ahora la predisposición del Gobierno para llegar a un acuerdo.
Todo ello sin contar con que la sentencia del Supremo tiene en suspenso la legislación sobre el dividendo digital, vía por la que el Gobierno ya sopesó en su día la posibilidad de reducir los canales que manejan los operadores de televisión al reestructurar el espectro digital. La gota que ha colmado la paciencia del Ejecutivo y le ha hecho reconsiderar esa opción es la manifiesta hostilidad de laSexta, cuya supervivencia garantizó el propio Ejecutivo a finales de agosto al permitir su integración en el Grupo Antena 3. El plácet del Consejo de Ministros permitió a Lara aumentar su potencia de fuego y competir de igual a igual con Telecinco. Muchos pesos pesados del PP entendieron que el visto bueno se había otorgado a cambio de que la cadena de los Wyoming, Ferreras o Évole dulcificara su crítica. Algo que está lejos de haber sucedido en plena crisis interna del PP.
Es más, laSexta no ha cambiado un ápice su línea editorial. “Nos dicen que hemos sido muy buenos, pero eso se ha acabado”, se aseguraba sin embargo esta misma semana en fuentes del propio Consejo de Ministros. Todo un aviso a navegantes y, sobre todo, un claro indicativo del nivel de enfado que reina en el cónclave. Y es que el Ejecutivo lo habría tenido muy fácil para frenar esa operación, que venía con todos los pronunciamientos negativos por parte de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Apenas medio año después, altos dirigentes del Partido Popular insisten en que no entienden los beneficios ni de esa decisión ni de la operación rescate del establishment nacional al Grupo Prisa.
Cerco a ‘El País’
Y es que el segundo frente abierto por parte del Gobierno afecta directamente a la editora de El País, que abría la semana pasada la caja de los truenos al publicar los presuntos papeles del extesorero del PP. Al punto que, según precisan las citadas fuentes gubernamentales, Vicepresidencia confía en que los nuevos accionistas de Prisa intercedan ante Cebrián. “Estamos recibiendo un ataque por parte de un medio que está quebrado”, se apuntaba esta misma semana sin ambages en fuentes del propio Consejo de Ministros. La cuestión no es baladí, en tanto que pone a los flamantes mecenas de Prisa en una situación delicada. No en vano, son entidades que dependen enormemente de la regulación y del BOE.
Es el caso de los bancos, sometidos además a la supervisión del Banco de España. Corría el mes de junio del pasado año cuando entidades como Santander o la Caixa daban un paso al frente para entrar en el accionariado de la editora de ‘El País’. La banca, después de años de refinanciaciones imposibles, cambiaba 334 millones de deuda por capital. Telefónica completaba la operación rescate de las grandes multinacionales españolas a la compañía fundada por Jesús Polanco al comprometerse a comprar 100 millones de euros en bonos. Cuando los acuerdos se hagan efectivos, allá por 2014, HSBC, Santander y la Caixa contarán con un 20% de Prisa y serán su principal accionista. Telefónica –que negocia la compra a Prisa de Digital+- tendrá un 7% de la matriz. La implicación de todos ellos no puede ser mayor.
La ofensiva en marcha rompe radicalmente con la inacción del Gobierno en materia de medios de comunicación. Fuentes del entorno de Mariano Rajoy siempre han dejado claro que el presidente siente como algo ajeno ese mundo y subrayan que nunca ha considerado ni remotamente forjar un grupo mediático afín al Gobierno. Esta postura le aleja de la aspiración que sí tuvieron en otro tiempo –e incluso pusieron en práctica- los González, Aznar o Zapatero. “Tiene vocación de inhibirse en estas cuestiones y mantiene una enorme distancia con los tradicionales gurús de la derecha”, exponen estas fuentes. No sucede lo mismo con otros miembros del Gabinete. De hecho, el cambio de tono que han experimentado en privado algunos miembros del Gobierno enlaza con lo que entienden como una “arremetida política” contra el propio Rajoy. La guerra ha comenzado.
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